Hemos vuelto a vivir una semana de ésas que nos confirman que estamos en un periodo de cambio y frente a la mayoría social que quiere avanzar y cambiar definitivamente de ciclo para profundizar definitivamente en la normalización política. Esta semana acontecimientos del ámbito político, el jurídico y el institucional para ofrecernos un panorama muy certero de lo que estamos viviendo.

Empezamos la semana con la constatación de que se ha pedido el traslado a la Audiencia Nacional el caso de la antena de ETB en Nafarroa y seguimos con la sentencia del caso Bateragune.

A instancias de UPN, la Abogacía del Estado ha solicitado trasladar a la Audiencia Nacional la actuación de militantes de EA que colocaron un receptor para captar ETB por TDT en Iruñea. Una decisión que demuestra hasta qué punto la derecha navarra tiene miedo a que la mayoría de la ciudadanía navarra demuestre que percibe el euskera como algo propio, miedo a la decisión de la sociedad, como han tenido siempre, y nos demuestran hasta dónde está dispuesta a llegar para que la situación no cambie en lo sustancial. Quieren llevar un tema como la posibilidad de que se vea la televisión en euskera en Nafarroa a la Audiencia Nacional, con las connotaciones que eso tiene en nuestro país.

UPNk Entzunegi Nazionalera eraman nahi du telebista euskaraz ikusi ahal izateko aukera, horrek gure herrian duen esanahiaren jakitun izanda ere. Eta Entzutegi Nazionaletik etorri zaigu bigarren erabaki bat ere, Bateragune auziarena, berriro ere bide politikoen aldeko apustu garbia egin duten pertsonak zigortzeko gainera. Entzutegi Nazionala Euskal Herritik zein urrun dagoen argi geratu da aste honetan.

La sentencia del caso Bateragune, una cuestión mucho más grave que la anterior, vuelve a poner al ámbito judicial español fuera de la realidad política de Euskal Herria y castiga a personas que claramente han apostado por las vías políticas.

La justicia española ha vuelto a irrumpir en la política vasca demostrando qué lejos queda Euskal Herria de los tribunales del Estado. Una vez más, la opinión mayoritaria de la sociedad vasca se ha visto superada por instancias españolas.

Y terminamos la semana con el alarde de intolerancia que nos ofreció la señora Quiroga ayer en el Parlamento. La presidenta del Parlamento vasco quiso silenciar el mensaje de cargos públicos elegidos por la ciudadanía vasca. Y, de hecho, lo logró en cierta medida, porque consiguió que lo que haya quedado de la rueda de prensa que ofreció Bildu en el Parlamento, invitados por Juanjo Agirrezabala, fue la bronca, medida y planeada por el PP. Suponemos que la señora Quiroga piensa que mejor eso que dejarnos dar el mensaje que se pretendía.

Todos estos acontecimientos, sumados a la ruptura del pacto de Gobierno entre PSE y PP son signos del agotamiento de una etapa que la sociedad vasca ya da por superada.

Baina EAJ, PSE eta PPk eredu ekonomiko berdina izateaz gain erakundeen kudeaketan ere bat egiten dute sarri. Horrela ikusi dugu azken egunotan. PPk PSEri babesa kendu dio, legegintzaldiko amaiera antzeztuz, nahiz eta horrek ez duen ezer esan nahi. PSEk ez dituela hauteskundeak deituko dio, legegintzaldia ez duela amaituko argi utzita. Eta EAJk konfidantza mozioa eskatu du Kutxen Legea PPrekin negoziatzen duen bitartean. PPrekin negoziatzen du berriz ere Bildu kanpoan uzteko asmoarekin.

Eta joko guzti horiek helburu oso argi batekin egiten dituzte, egungo egoera artifizial honek ematen dien gehiengoa aprobetxatuz, datorren legegintzaldia kondizionatzeko. Bai batzuk eta bai besteek.

Y frente a ese sentimiento de la sociedad vasca está la práctica política diaria de PNV, PSE y PP, que no sólo comparten el mismo modelo económico sino también el mismo interés en mantener un status quo que se les viene encima.

El PP dice que le retira el apoyo al PSE cuando sabe que eso no pasa de ser una declaración vacía, que no tiene porqué querer decir nada y que forma parte de la teatralización esperada para el final de la legislatura.

El PSE dice que no convoca elecciones cuando sabe que tampoco va a agotar la legislatura y que realizará la llamada a las elecciones cuando crea que mejor le viene para minimizar la masiva fuga de votos que ya sabe que sufrirá.

Y el PNV que pide una moción de confianza al PSE mientras negocia para pactar con el PP la Ley de Cajas antes de que se termine la legislatura. Porque ofrecer finalmente la seguridad que demanda los ayuntamientos mediante la Ley Municipal no parece que constituya una prioridad para ellos, pero seguro que en la Ley de Cajas consigue un acuerdo ventajoso, que busca, de nuevo, excluir a Bildu.

No sabemos si las elecciones serán en octubre o en marzo, aunque lo que sí sabemos y es lamentable es que vamos a pasar cinco o diez meses dedicados a que PNV, PSE y PP se miren el ombligo de los intereses que tienen en común, como la Ley de Cajas y el mantenimiento del status quo, mientras hacen cálculos partidistas.

Lamentable y criticable, porque mientras se miran el ombligo no se ocupan de la gestión de la principal institución de la CAV.

Y lamentable, la ceguera que están manifestando al pretender condicionar la próxima legislatura con subterfugios como aprobar leyes de tanta importancia como la Ley de Cajas a pesar de estar pidiendo elecciones y asegurar que el Gobierno y el Parlamento están en tiempo de descuento.

Pierden el tiempo porque el cambio institucional ha recorrido un importante camino ya y culminará en las próximas elecciones. Las decisiones que se tomen ahora en el Parlamento vasco las gestionará una Cámara muy diferente a la que tenemos en este momento".

Igualmente, el parlamentario de la formación ha denunciado la actuación que ayer tuvo Arantza Quiroga, que "trató de decidir la agenda comunicativa de Eusko Alkartasuna y nos aplicó el reglamento de forma absolutamente inapropiada y ex profeso para nosotros, lo cual es absolutamente irregular, pero sigue la estela de las leyes españolas redactadas contra el independentismo. Se negó a hablar con un parlamentario para dar explicaciones, consciente de que no había explicaciones que dar y porque prefería intentar montar el follón.

Oihana Zabaleta, alcaldesa de Urretxu, y Mariano Alava, concejal de Amurrio, son cargos públicos, ha recordado Agirrezabala que "fueron al Parlamento a realizar una valoración política de temas parlamentarios desde el punto de vista municipal y tienen absolutamente todo el derecho a hacerlo".

En este sentido, ha recordado que hay numerosos precedentes de representantes políticos e institucionales que han comparecido en el Parlamento Vasco sin ser parlamentarios, "sin ir más lejos y el día anterior Patxi Zabaleta y Rebeka Ubera".

Sin embargo, la representante del PP prefirió "escenificar una bronca que permitir a Bildu dar su mensaje. Sin embargo, es absurdo porque Bildu ya ha pasado por eso y ha quedado claro que a la ciudanía no se le engaña. ¿Por qué insistir en este camino, entonces? Porque quieren mantenerse en esquemas del pasado absolutamente superados".

De cara a la Junta de Portavoces del Parlamento Vasco que se celebrará el martes, Agirrezabala contactará con el resto de partidos para defender de manera conjunta el respeto a la libertad de expresión y a la independencia de la labor parlamentaria en la Cámara Vasca.